"EL ZORRO PIERDE EL PELO PERO NO LAS MALAS MAÑAS..."
ARCA no participará “en ningún acuerdo de mediación” y exige “el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición” de viviendas ilegales.
Es muy codiciada la "medalla" que puede obtener aquella Administración, Asociación o Colectivo que aporte la solución a la lacra que suponen los derribos en Cantabria. La inseguridad jurídica que existe en Cantabria en el apartado del Urbanismo tampoco ayuda mucho ciertamente.
El Ayuntamiento de Piélagos bajo el mando del PSOE - PRC, con distintos socios de gobierno en estas dos legislaturas ha intentado ser la Administración portadora de la "Medalla de los Derribos". De una manera, a mi entender, alocada, redacto un Plan de Derribos para intentar satisfacer y cumplir los plazos que intentaban imponer los tribunales de Justicia. El principal error que cometía el Plan de Derribos era que comenzaba con derribar la segunda fase completa en Cerrias, lo cual no parecía muy lógico porque, puestos a empezar seria la primera fase el punto de partida, y desoyendo a algunas voces especializadas que querían que el Plan de Derribos se ciñera exclusivamente a la parte comprendida entre los cien primeros metros del Deslinde, ante la posibilidad de que el resto de viviendas al estar en suelo urbanizable se pudieran salvar.
De alguna manera el Gobierno Regional, a través del Consejero de Obras Públicas y Urbanismo en reunión mantenida con el Presidente del Tribunal de Justicia de Cantabria, ha sido más racional y presentará un nuevo Plan de Derribos donde se irán "dando pasos sobre todo en aquellas situaciones en las que el planeamiento general no contemple la posibilidad de poder construir", además, apuntó que "lo que tiene sentido sería empezar siempre por la costa y no por las viviendas que están más hacia el interior". El Consejero Gochicoa de esta manera desacredita el Plan presentado por el Ayuntamiento de Piélagos por manejar líneas de actuación totalmente distantes, quizás fruto de la improvisación, o quizás por otro tipo de intereses.
Para poder llevar a cabo el Plan de Derribos presentado por el Gobierno Regional es necesario un buen entendimiento de las partes afectadas: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el propio Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la Asociación Ecologista ARCA. Atendiendo a esta necesidad, se propone la figura del "Mediador", con la finalidad de lograr que el sentido común impere y se puedan llegar a soluciones menos lesivas para los afectados, a la vez que deje contentas a todas las partes afectadas. Sin embargo, la noticia que surge hoy 4 de febrero, da un giro radical, y parece que la Asociación ARCA no reconoce tras una asamblea de socios algo convulsa la figura del "Mediador" pese a haber mostrado su conformidad por escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1.
FUENTES:
ARCA no participará “en ningún acuerdo de mediación” y exige “el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición” de viviendas ilegales
03/02/2020
ARCA (Asociación para la Defensa de los
Recursos Naturales de Cantabria) ha decidido no participar “en ningún acuerdo
de mediación” y ha exigido a las Administraciones implicadas que “acaten y
ejecuten el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin
distinciones ni más aplazamientos”. “A tenor de las recientes declaraciones
realizadas a los medios por diversos representantes del Gobierno de Cantabria
en las que se involucraba a ARCA en un acuerdo de mediación, ARCA valora este
acuerdo como una nueva técnica dilatoria destinada a seguir garantizando la
impunidad de la Administración y el desistimiento del demandante”, ha advertido
en un comunicado la asociación ecologista, que considera que la mediación es
“el último truco con el que se intenta montar un artificio nuevo para evitar y
alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias”.
“Coherentes con los fines de nuestra asociación en la defensa del medio ambiente,
y de los usos adecuados y sostenibles del territorio para beneficio del interés
general, valoramos de máxima importancia la ejecución efectiva de todas las
sentencias para que
estos desastres urbanísticos no vuelvan a repetirse”, ha
advertido ARCA.
“Nos encontramos ante un desvergonzado y
prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de
Cantabria contra el poder judicial”
“Desde que las sentencias fueron firmes,
los distintos gobiernos de Cantabria de distinto signo (PP, PSOE y PRC) a lo
largo de varias legislaturas han utilizado sus redes de poder político
institucional e influencia social, para boicotear el cumplimiento de las
sentencias”, ha denunciado la asociación ecologista, que ha insistido en que el
urbanismo “está fuera del campo de la mediación” y que la mediación “constituye
una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación y la prolongación de la agonía que
vienen padeciendo los afectados”. “Nos encontramos ante un
desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de
la comunidad de Cantabria contra el poder judicial, un escándalo de primer
orden que socava los principios básicos de la democracia, una vergüenza para
nuestra comunidad, protagonizada por nuestros representantes públicos de
diferentes partidos e ideologías”, ha asegurado. “Lo que debe hacerse es
aceptar y asumir la aplicación íntegra de las sentencias por parte de los
responsables de las infracciones urbanísticas cometidas, la comunidad autónoma
y los ayuntamientos afectados, y sin más dilaciones proceder a reparar el daño
causado a todos los afectados de buena fe, restituyendo la legalidad
urbanística vulnerada mediante la ejecución de todas las sentencias sin
distinción”, ha añadido ARCA.
La asociación ecologista ha recordado que
“hace 15 años que se hizo el primer plan de derribos, denegado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, porque apenas se derribaba nada de lo
sentenciado”, que “posteriormente se hizo la primera ley del Parlamento para
los derribos, que fue declarada inconstitucional”, que “51 días después de la
sentencia, se hace la segunda ley anti-derribos, que igualmente es declarada
inconstitucional” o que “posteriormente, para seguir dilatando los
procedimientos en el tiempo, se adopta la idea de crear el conflicto artificial
de si los pagos han de hacerse antes o después de demoler; el Tribunal
Constitucional responde que basta con que la Administración garantice dicho
pago”. “Como la realidad es que no hay voluntad política alguna de ejecutar
todas las sentencias judiciales de derribo, en el año 2019 la Administración
autonómica se inventa un nuevo truco para seguir prorrogando indefinidamente la
ejecución de las mismas: la figura del mediador”, ha añadido. “Entendemos y
reiteramos que este es el
último truco, con el que se monta un artificio nuevo para
alargar indefinidamente la ejecución de las sentencias: una nueva técnica
dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la Administración y
el desistimiento del demandante”, ha insistido ARCA.
El Gobierno actualizará el Plan de Derribos en "dos o tres meses" y cree que esta legislatura será "la definitiva"
La Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria se ha comprometido a actualizar el Plan de Derribos en un
plazo de "dos o tres meses", y ha considerado que esta legislatura
tiene que ser la "definitiva" para dar solución a todos los problemas
de las viviendas afectadas.
Así se lo ha trasladado el consejero, José
Luis Gochicoa, al presidente del Tribunal Superior Justicia de Cantabria
(TSJC), José Luis López del Moral, con quien se ha reunido este jueves para
abordar la problemática de los derribos.
En declaraciones a la prensa posteriores a
la reunión, Gochicoa ha señalado que el TSJC ha visto "con buenos
ojos" el planteamiento de la Consejería, basado en establecer una nueva
planificación temporal en esta legislatura para abordar los problemas "de
forma realista", ya que el Plan de Derribos actual ha quedado "desfasado".
Así, ha insistido en que desde la
Consejería están "totalmente volcados" para dar en esta legislatura
una solución "real y definitiva" a este problema, ya sea mediante
indemnizaciones, ofreciendo viviendas de sustitución o legalizando alguna
vivienda si es posible.
En este sentido, ha dicho que están
haciendo "todo el esfuerzo posible" y que han mantenido varias
reuniones con los afectados y con los Ayuntamientos implicados, fruto de las
cuales "parece que se va a aprobar hoy mismo" el Plan de Argoños, que
incluye las correcciones a cuestiones que creían que "no eran
correctas" para actuar con "la mayor brevedad posible.
No obstante, ha destacado que es necesario
actuar conforme a la legislación y que en el ámbito urbanístico es "muy
complicado" aprobar los planes, aunque ha confiado en que el próximo año
podría haber ya viviendas derribándose.
FONDO DE 6,4 MILLONES
A preguntas de la prensa por la hoja de
ruta que marcan en torno a este asunto los Presupuestos de 2019, Gochicoa ha
explicado que cuentan con un fondo de 6,4 millones de euros, del que se han
gastado unos 4 millones porque "no ha sido posible ejecutar más".
Así, el dinero restante del fondo --que
contemplaba actuaciones en las zonas afectadas, como Escalante, Arnuero,
Cerrias y el Alto del Cuco-- se derivará a años sucesivos.
El consejero ha considerado que la cantidad
gastada "no está mal" y ha indicado que se ha utilizado para acciones
como la restauración del Alto del Cuco, un fondo para Gesvican para la
redacción del proyecto, los estudios y un anticipo de las obras en Arnuero, o
la adquisición de algunas viviendas afectadas y que ya están en poder de la
administración autonómica para poder efectuar su derribo "cuando se
desee".
En cuanto a Cerrias, Gochicoa ha
manifestado que existen dos autos diferentes y que las 17 viviendas que están
más próximas a la costa no son las primeras en derribar, un aspecto que la
Consejería entiende que es necesario modificar y que planteará en el nuevo Plan
de Derribos para llevar al proceso de mediación.
MEDIACIÓN
Por otro lado, el consejero y el presidente
del TSJC han abordado en la reunión el tema de la mediación, una medida
"positiva" que, tal y como ha dicho Gochicoa, podrá definir la forma
en la que se van a ir ejecutando las sentencias, bajo la supervisión de los
jueces, intentando comenzar por aquellos terrenos afectados que no sean
susceptibles de edificación.
AMA muestra su
"gran preocupación" y el "miedo" ante los autos inminentes
de derribo
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
José Luis Gochicoa, se reúne con representantes de la Asociación de Maltratados
por la Administración (AMA). / Raúl Lucio
AMA muestra su "gran
preocupación" y el "miedo" ante los autos inminentes de derribo
28/01/20
El nuevo
plan de derribos del Gobierno de Cantabria tiene como objetivo acabar con este
problema definitivamente en 2023, fecha en la que prevé el derribo de las
viviendas de Arnuero, puesto que a finales de 2022 ya estarán construidas las
de sustitución y ya se habrán aprobado los planes generales de Piélagos y
Argoños.
"Nuestro
objetivo es que en esta legislatura todos los problemas estén perfectamente
solucionados", ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, quien considera que se trata de un
hecho "factible" en el que se irá avanzado año a año.
El
consejero ha precisado que la actualización del plan de derribos ya cuenta con
un primer borrador que se dará a conocer a los ayuntamientos, y una vez
consensuado con ellos, se trasladará al poder judicial y a la Asociación de
Maltratados por la Administración (AMA).
De hecho,
Gochicoa ha informado a hoy AMA de este avance en una de las reuniones que
mantienen periódicamente, en la que también ha anunciado que la memoria
ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos ya está
redactada y antes de final de este mes se remitirá al Ayuntamiento para que
pueda proceder a la aprobación inicial del planeamiento.
Unos
anuncios que no han servido para reducir la "gran preocupación" de
AMA por las viviendas con autos inminentes de derribo que podrían contemplarse
como legalizables en los futuros planeamientos, ha señalado su portavoz,
Antonio Vilela, quien ha pedido "ponderación" a los jueces porque
después de esperar "años" para acometer los derribos, también se
pueden "esperar unos meses" más, ha defendido.
Durante la
reunión, el consejero también ha explicado que su departamento está esperando
que el Ayuntamiento de Argoños le remita el documento de toma en consideración
de las alegaciones de la última información pública para, a partir de ahí,
redactar la memoria ambiental "en el menor tiempo posible" y así el
Consistorio pueda proceder a la aprobación inicial del PGOU.
PLAN DE
DERRIBOS
El nuevo
plan de derribos es de legislatura y contempla actuaciones concretas cada año,
empezando por el actual, con la intención de cumplir todas las medidas
previstas para 2023.
Así,
Gochicoa ha explicado que se irán "dando pasos sobre todo en aquellas situaciones
en las que el planeamiento general no contemple la posibilidad de volver a
construir". "Ahí es donde tenemos que hacer mayor hincapié, en los
tiempos más próximos, precisamente para atender aquellas situaciones en las que
no es posible otro tipo de vía más allá que el derribo de las
urbanizaciones", ha señalado.
En este
sentido, ha concretado que el plan propone que Cerrias sea una de las primeras
actuaciones a desarrollar, empezando por las viviendas de la costa. "Lo
que tiene sentido sería empezar siempre por la costa y no por las viviendas que
están más hacia el interior", ha observado.
El
"punto álgido" del plan, según el consejero, es la construcción de
las viviendas de Arnuero. Ya disponen de un proyecto básico y próximamente se
realizará una valoración de las viviendas para que los afectados tengan
"la aprobación definitiva de las viviendas junto con la vivienda de
sustitución, que ya todos conocen, para que decidan qué alternativa
consideran".
En función
de su decisión se finalizará el proyecto constructivo, que será "un
trámite muy breve", y se iniciaría el procedimiento de licitación, de modo
que la obras estarían en ejecución a final de año o principios de 2021. A
finales de 2022 estarían "totalmente terminadas" y en 2023 se podrían
ocupar, de modo que podría comenzar el derribo de las viviendas de Arnuero.
"Estamos
hablando de algo que es perfectamente factible y que sería la finalización de
todo este proceso", ha subrayado el consejero, que ha precisado que
"mucho antes" ya se habrían aprobado los PGOU de Piélagos y Argoños.
"El resto de soluciones son más facibles, con un plazo de tiempo
menor", ha indicado.
Gochicoa
no ha avanzado el coste del plan, que no se dará a conocer hasta que no esté
consensuado, pero ha recordado que este año se contempla una partida de 6,3
euros y dentro del documento, "las viviendas que dentro del planeamiento
no están contempladas como posibles, serán las primeras en ser indemnizadas
para que puedan ser las primeras en ser derribadas", ha asegurado. Al
respecto, tampoco ha precisado el número de viviendas que no podrán ser regularizadas
recogidas en el plan.
AMA
Mientras,
el portavoz de AMA ha trasladado el "miedo" de los afectados a que se
puedan derribar viviendas que pudieran contemplarse como legalizables en los
nuevos planeamientos.
"Tenemos
autos de viviendas que pueden ser derribadas en un espacio de tiempo muy corto
y nos preocupa muchísimo porque el miedo que tenemos es que se puedan derribar
las viviendas cuando en los planes generales en los que se está trabajando se
contemplan como regularizables. Y porque podemos estar ante el hecho absurdo de
que se derribe una vivienda que luego un plan general contemple como
legalizable", ha subrayado.
"El
miedo que están pasando estas familias con estos autos es terrible. De hecho
algunas están buscando ya dónde meter sus muebles; gente con más de 80 años que
está en una situación lamentable y es muy injusto porque no tienen culpa",
ha lamentado.
Por eso ha
pedido a los jueces que tengan "ponderación" a la hora de efectuar
las ejecuciones de sentencia. "Si después de estar esperando durante
tantos años, por unos meses podemos derribar algo que ya no tiene solución y
nos encontramos ante una situación tremendamente injusta".
Además, ha
reclamado que no haya "afectados de primera y de segunda", sino que
todos puedan tener su convenio. Sin embargo, actualmente hay más de 60 familias
sin convenio con la administración "y su único pecado es que la
administración condenada es un ayuntamiento y no es el Gobierno". Vilela
ha pedido a las administraciones autonómica y locales que "se hagan lo
antes posible estos convenios porque a esta gente no se le puede dejar tirada
ni en situación de inferioridad".
Respecto a
la creación del fondo para los derribos, ha denunciado que no contempla los 53
millones previstos. "Las explicaciones que nos ha dado el consejero las
podemos comprender pero nos gustaría que apareciera una cantidad que se ha
certificado y que la ha dicho el propio presidente de Cantabria", ha
reivindicado Vilela.
El portavoz de AMA ha pedido al Gobierno y a los ayuntamientos que
"hagan un esfuerzo real" para que antes de acabar este año los planes
generales estén aprobados definitivamente "y los jueces puedan decidir qué
viviendas pueden cumplir la legalidad y a cuáles hay que indemnizar o dar una
vivienda de sustitución".
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